La fiscalía federal de
San Francisco, a cargo de María Marta
Schianni, resolvió el procesamiento de Mauricio
Andrés Pizzi (Devoto), Raúl Esteban
Salvático (San Francisco), Jorge
Omar Tetamanzi (Laspiur) y Fernando Jorge Bailone (Córdoba), por
hallarlos “prima facie” coautores del supuesto delito de asociación ilícita
fiscal, en calidad de integrantes o miembros de la asociación.
Pizzi se encuentra con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que los demás permanecen en libertad vinculados al proceso judicial. Además, a estas cuatro personas se les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cinco millones de pesos, por cada uno de ellos.
La causa
Todo comenzó cuando la ex AFIP (hoy ARCA) informó que el área de Fiscalización N° 4 de la Dirección Regional Córdoba “detectó contribuyentes que no registraban pagos, empleados, acreditaciones bancarias, ni bienes, que se domiciliaban en lugares humildes y que, en abierta contradicción a su realidad económica, entre los años 2015 hasta 2018, aparecían facturando montos millonarios”, sostiene el expediente al que tuvo acceso Up.
“Estos contribuyentes fueron marcados sistemáticamente como apócrifos, siendo los siguientes: Capoano, Mauricio Daniel, Fauda, Cristian David, Olivera, Fátima Daiana y SANDAT S.R.L.”, se agrega.
La resolución indica que tales contribuyentes estaban relacionados entre sí tal como se detalló en el Cuerpo denominado “Facturación Electrónica Apócrifa” – Actuación N° 11716-1630-2019 y tenían todos el mismo asesor impositivo. En ese marco, se consignó que la maniobra investigada consistía en la generación de comprobantes apócrifos con la finalidad de generar créditos fiscales ilegítimos o erogaciones ficticias, así como la creación de organizaciones que directa o indirectamente tenían una participación activa en este procedimiento fraudulento.
“Usina” de facturas truchas
La sospecha surgió ante la posibilidad de fabricación de comprobantes apócrifos por $114,2 millones para producir créditos fiscales ilegítimos o erogaciones ficticias. En ese sentido, la fiscal Schianni detectó una serie de maniobras compatibles con la existencia de una “usina” de facturas truchas que habrían integrado Salvático, Pizzi, Tetamanzi y Bailone.
Para ello se debieron detectar direcciones IP que habrían sido utilizadas por los contribuyentes apócrifos. La fiscal rastreó a los titulares de los servicios de internet y los domicilios de facturación, lo que le permitió conocer que las IP correspondían a distintas personas en San Francisco y en Devoto; entre ellas, Pizzi.
Justamente a Pizzi se lo sindica como la persona que habría confeccionado las boletas apócrifas y también “asesorado” a los distintos “clientes” sobre facturación. Luego, habría entregado el material a Salvático, quien habría levantado los pedidos de facturación trucha.
Otros roles
Por otra parte, para la fiscal Tetamanzi habría desempeñado el rol de “intermediario” entre Pizzi y Salvático. Aparentemente se contactaba con destinatarios de los comprobantes y se habría encargado de conseguir los comprobantes a través de Salvático o de Bailone.
A su vez, Bailone, según la fiscal y el juez, habría fabricado los comprobantes truchos solicitados por Tetamanzi y habría “levantado” más pedidos para terceros. Y al igual que Pizzi, también habría asesorado a “clientes”.
Según la investigación, los cuatro imputados habrían integrado una asociación ilícita fiscal que desarrollaba la mecánica ilegal de forma reiterada y habitual.
En el caso de Bailone, la Cámara había sostenido que “su accionar se condice más bien como alguien que llevaría adelante dichas tareas ilícitas a título propio y no en calidad de miembro o integrante de la organización delictiva de la que sí habrían formado parte Pizzi, Tetamanzi y Salvático”.
Cabe indicar que Bailone a través de su representante legal apeló el procesamiento y la Sala A de la Cámara Federal lo revocó, dictándole la falta de mérito a la espera de que la investigación sea profundizada. Lo que se trata de dilucidar es si su accionar fue a título propio o en calidad de miembro o integrante de la organización delictiva.
