Continúan las esquirlas por la compra de 15 drones, capacitaciones y
software para la Policía de Córdoba, lo que derivó en un cruce entre el
Gobierno provincial y el Tribunal de Cuentas, luego de que la mayoría juecista
del organismo rechazara el expediente y frenara la licitación, valuada en 7
millones de dólares.
El proyecto, que apuntaba a crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) y había sido anunciado en mayo de 2025, fue defendido este lunes en una conferencia de prensa por los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.
Quinteros rompió el hielo y aseguró que la compra era clave para el esquema de seguridad provincial y remarcó la transparencia del proceso. “Tenemos que gestionar en 165 mil km² para 4 millones de habitantes. Para nosotros es importante que esto quede claro”, afirmó. Además, rechazó que se haya tratado de una compra directa y explicó que fue una licitación pública, con doble sobre y más de 70 pasos administrativos.
El ministro cuestionó el accionar del Tribunal y aseguró que el organismo excedió sus funciones. “Debe controlar la legalidad del gasto, no hablan de sobreprecios ni de trámites administrativos mal hechos. Todas las áreas previas aprobaron el expediente”, señaló, y agregó que la licitación fue “absolutamente transparente”, aunque solo se haya presentado una empresa.
En la misma línea, Siciliano apuntó directamente contra la oposición y consideró que se trata de una maniobra política. “Una cosa es controlar y otra es obstruir. Cuando te escondés en la mayoría del Tribunal de Cuentas para frenar una acción de Gobierno, estás jorobando a la gente”, afirmó. También repasó votaciones anteriores en las que, según dijo, la oposición se expresó en contra de distintas políticas públicas impulsadas por la Provincia.
Algunas de acciones oficiales frenadas, detallan, fueron la creación de los juzgados y de las fiscalías antinarcotráfico, la creación de las guardias locales, la dotación de presupuesto a la Universidad Provincial para construir 16 Universidades Públicas y la de dar presupuesto para construir la ruta Nacional 19 con fondos provinciales.
La postura del Tribunal de Cuentas
Previamente, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Fernanda Leiva, explicó en el programa Arriba Córdoba que el rechazo del expediente se basó en observaciones técnicas y legales. Señaló que las especificaciones de los drones estaban “hechas a medida para una empresa” y que el presupuesto incluía ítems sobredimensionados.
Entre los puntos cuestionados, mencionó la compra de software de reconocimiento facial y de patentes, que —según indicó— es de libre disponibilidad, además de cursos de capacitación con valores superiores a los del mercado y equipamiento que podría haberse adquirido a menor costo. “Estamos hablando de una compra de 7 millones de dólares. No es una cuestión política”, sostuvo.
Por su parte, el titular de ese organismo, Beltrán Corvalán, aseguró en las radios de los SRT, que el proceso impulsado por el Gobierno provincial es una “licitación a medida” con un solo oferente y un presupuesto superior a los 7 millones de dólares.
Planteó que el proceso podría haberse fragmentado por rubros, permitiendo la participación de empresas locales de software, universidades y consultoras, que hoy quedarían supuestamente excluidas por no cumplir con todos los requisitos integrados en un solo pliego.
La sombra de La Libertad Avanza
Desde el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba, entienden que lo del Tribunal de Cuentas no se trata de un control administrativo aislado, sino de una estrategia coordinada donde “los libertarios activaron el Tribunal de Cuentas para entorpecer la gestión”.
Cabe recordar el acercamiento de Luis Juez al partido de Javier Milei, a quien apoyó en las pasadas elecciones legislativas. Fuentes consultadas entienden que el dirigente, que tiene mayoría en el Tribunal de Cuentas, busca llegar a la gobernación por la puerta de LLA. Además advierten que el bloqueo excede la seguridad.
