La
Justicia de Córdoba continúa investigando el accionar de la empresa
constructora Márquez y Asociados,
denunciada por una de
las defraudaciones inmobiliarias más grandes al menos por estos lados y que
tienen entre sus damnificados a varias familias de San Francisco y de la
región.
En la última semana, los hermanos Ariel. Pablo y Matías Márquez fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, más precisamente a la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier.
Cada uno fue informado sobre los hechos que se les imputan, bajo la calificación legal de asociación ilícita y estafas. Al ofrecerles declarar, los tres negaron los hechos, hicieron manifestaciones en su defensa y no respondieron preguntas.
Pedido desesperado de los damnificados
Casi al mismo tiempo, el grupo autoconvocado de familias damnificadas por esta empresa en San Francisco y la región decidió escribirle una carta abierta al gobernador Martín Llaryora, para contarles el duro momento que se encuentran viviendo.
“Nos dirigimos a usted como máxima autoridad de la Provincia de Córdoba, con el deber cívico y el derecho constitucional que nos asiste como ciudadanos, para expresar nuestra profunda preocupación y exigir acciones concretas en relación con la mega estafa perpetrada por la firma Márquez & Asociados Constructora Desarrollista., que ha afectado a cientos de familias cordobesas, atentando gravemente contra su derecho fundamental al acceso a una vivienda digna”, empiezan diciendo en el escrito.
“Durante años, esta empresa operó impunemente bajo un aparente marco de legalidad, con una fuerte presencia mediática y publicitaria, generando confianza en la población. Sin embargo, hoy son innegables las dimensiones del fraude: contratos incumplidos, ahorros de vida perdidos, obras paralizadas o inexistentes, y una vulneración sistemática de derechos que exige una respuesta institucional a la altura de la gravedad de los hechos”, cuentan.
“Como Gobernador, usted no sólo representa el Poder Ejecutivo Provincial, sino que también tiene la responsabilidad de velar por la seguridad jurídica, el orden público y la tutela de los derechos humanos dentro del territorio cordobés. Esta situación ha generado un daño económico, emocional y social de gran magnitud, afectando a familias trabajadoras que confiaron en un sistema que, en lugar de protegerlas, las dejó desamparadas”, agregan.
Ante ello, estas familias solicitan a la Provincia:
1. Se conforme una mesa interinstitucional de emergencia, con participación del Poder Judicial, la Legislatura, organismos de defensa del consumidor y representantes de damnificados, para abordar de manera integral las consecuencias de esta estafa.
2. Se brinde patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, a través del asesoramiento letrado provincial y/o convenios con universidades.
3. Se promueva la investigación administrativa correspondiente para determinar si existieron omisiones o complicidades por parte de organismos provinciales en el control de la actividad de esta firma.
4. Se articulen medidas reparatorias o compensatorias, a través de herramientas estatales o fondos específicos, que permitan paliar el daño sufrido por las familias estafadas.
5. Se garantice el derecho al acceso a la vivienda, impulsando proyectos alternativos, con prioridad para los damnificados, que les permitan reconstruir su proyecto de vida.
“Estamos ante un caso que trasciende lo judicial: se trata de una crisis de confianza en las instituciones. Por eso apelamos a su liderazgo y a su compromiso con los derechos de los cordobeses. Porque callar o mirar hacia otro lado sería convalidar lo sucedido. Y Córdoba necesita un Estado presente, que no permita que la impunidad se consolide”, cierran su comunicado.
