Tras
una reunión de una hora y media, se realizó una audiencia de conciliación
convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acercar las posiciones
entre Córdoba y la Nación por la deuda por la Caja de Jubilaciones provincial.
Las partes pudieron expresar su postura y se verán nuevamente las caras en una nueva reunión dentro de los próximos 15 días, en la primera semana de mayo.
Según trascendió, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, exigió el pago de la totalidad de la deuda (se estima en cerca de un billón de pesos, incluidos los intereses) y, algo clave, la restitución del flujo de fondos mensuales que se cortaron por completo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.
Los representantes de la Nación, como era previsible, pusieron en discusión los números expuestos por la Provincia, argumentando que una buena parte de esa cifra todavía debe ser auditada, informa el diario La Voz del Interior.
Cabe destacar que el déficit de la Caja ronda los $20 mil millones mensuales, un verdadero “agujero” para las arcas provinciales.
Durante el encuentro, Córdoba exigió la restitución inmediata de los fondos adeudados y el regreso de los envíos periódicos. Si esto no se produce en términos razonables, la idea de la Provincia es ir por el pedido de una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir el déficit del organismo previsional cordobés. Es decir, que restituya los envíos mensuales, mientras siga la discusión judicial por la deuda.
Si bien hay una decena de provincias en la misma situación, la convocatoria de la Corte comenzó por Córdoba porque fue la primera que inició el camino judicial y, además, porque es la que tiene los números más ordenados en materia de cálculo de la deuda y recopilación de pruebas.
