El narcotest está en la agenda política en la provincia de Córdoba. Semanas
atrás el gobernador Martín Llaryora se realizó el análisis de laboratorio que
permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. Este paso lo dio en
cumplimiento de la Ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana,
promulgada el pasado 26 de abril.
Es por esto que el concejal de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani,
solicitó al Ejecutivo Municipal de San Francisco que avance con el cumplimiento
de la misma ley a la cual adhirió el municipio meses atrás.
“El Título II, Capítulo Único de la Ley Nacional Nº10954, en su Art. 66, exige
a los candidatos electos como a los funcionarios nombrados por decreto, la
presentación obligatoria del certificado negativo de presencia de drogas
ilegales para el ejercicio de la función pública y se fundamenta en el hecho
avalado por la ciencia médica, de que una persona que consume no tiene los
mismos reflejos, no puede desarrollarse y está impedido de tomar medidas
importantes”, sostiene en su petitorio el concejal del Pro.
Además asegura que la persona con adicciones tiene una disminución de “frenos inhibitorios” y puede desarrollar paranoia y otras alteraciones en el sistema nervioso, lo que hace que su situación sea incompatible con su accionar en la función pública. “Por lo que no es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. La honestidad del funcionario público debe ser integral”, comentó Stoppani.
"Este pedido lo presenté el año pasado también y el mismo Martín Llaryora la elevó al Concejo Deliberante y se aprobó cuando era intendente de Córdoba", recordó el médico.
También destacó el Gobernador se haya sometido hace pocos días al test como así también otros funcionarios.
