El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto
138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada
Entre las modificaciones principales se destaca
la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo
régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como
las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias
del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos
positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo
legislativo.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú,
Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14
años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en
los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen
delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su
reinserción en la sociedad.
Originalmente, el oficialismo había impulsado
el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en
el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques
dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo
de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la
media sanción en la Cámara de Diputados.
Con esta modificación, el Gobierno se aseguró
el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios
señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más
sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los
países de la región.
