Nicolás Albera
Luego de que la semana pasada se presente en San Francisco la Comunidad Regional de Seguridad de la Región Centro, que nació
con la idea de combatir la inseguridad en los límites interprovinciales de San
Francisco, Morteros y Marcos Juárez, un pedido del intendente Damián Bernarte hizo ruido no solo
dentro de los límites de la ciudad, sino también fuera de ellos.
El objetivo de esta nueva iniciativa propone la conformación de un Comando Operativo Conjunto entre las fuerzas provinciales y nacionales, que ya se fueron desplegando en la zona en las últimas semanas, sobre todo tras el crimen de Zamir Torres (4) en Frontera, lo que motivó este armado.
Cabe destacar que el conglomerado -San Francisco-Frontera-barrio Acapulco de Josefina- cuenta con más de 100 mil habitantes, en donde las problemáticas son comunes.
En el momento de su discurso, Bernarte le hizo un pedido a la Nación, en especial al Congreso: modificar la ley para ampliar el límite jurisdiccional que la Justicia Federal de Córdoba tiene en ese punto del mapa cordobés. Se trata de una discusión recurrente cuando pasa algo del otro lado del límite que toca en algún punto a San Francisco, pero hasta el momento no había existido un pedido de este tipo.
El intendente pidió “dar batalla seria y responsable ante el delito organizado que no reconoce fronteras, ni de países ni mucho menos provinciales” y agregó: “Necesitamos tomar la decisión política de intervenir en este sector y restablecer la tranquilidad en la comunidad”, señaló.
¿Es factible lo que pide Bernarte?
Para Bernarte se debe analizar la extensión de la jurisdicción del Juzgado Federal de San Francisco para intervenir en este conglomerado conformado por las jurisdicciones de Córdoba y Santa Fe: “No puede ser que las fuerzas nacionales solo puedan llegar hasta el interprovincial en San Francisco y del otro lado esperar a las de Rafaela”, expresó.
Fuentes de la Justicia Federal de Córdoba consultadas por Up explicaron que lo que pretende el intendente de San Francisco no es complicado de hacer, aunque debe haber decisión política. En este caso de los gobiernos de ambas provincias, como primera medida.
Agregó que se puede otorgar otra jurisdicción a un juzgado, en este caso para que el de Córdoba investigue en territorio santafesino, ya que existen herramientas en la ley que lo permiten. Y ejemplificó con la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
La norma permite además la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la acción de la Justicia. Así, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.
Otra de las posibilidades, explicó la fuente consultada es la solicitud de una “prórroga de jurisdicción”, una cuestión mucho menos burocrática que la anterior que en alguna oportunidad ocurrió para una investigación que comenzó en San Francisco y traspasó sus límites.
El pedido y el ruido
Lo que solicitó Bernarte hace unos días en Tecnoteca produjo algo de ruido en la provincia de Santa Fe. Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro entienden que se firmó un compromiso de trabajo en conjunto para que las fuerzas provinciales y federales de ambas provincias, algo que decidieron de manera conjunta con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Reconocen que el mismo tiene entre sus principales objetivos la cooperación institucional y la articulación operativa entre fuerzas, la creación de mecanismos de intercambio de información judicial y policial, y la implementación de programas conjuntos de prevención social del delito. Pero hasta ahí, al momento, sin cruzarse los límites.
