El Concejo Deliberante de San Francisco aprobó
por unanimidad el proyecto de ordenanza mediante el cual la Municipalidad
propone adherir a la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Provincial Antibúnker y
Antiaguantaderos.
El Gobierno provincial había enviado semanas atrás el proyecto de ley a la Legislatura para crear este nuevo régimen que permite actuar sobre “búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad”. El objetivo más importante de esta ley es la recuperación del espacio público.
Luego de ello, el oficialismo en el Concejo Deliberante trató la adhesión de la ciudad a esta norma en la última sesión, lo que fue acompañado por el arco opositor.
La ordenanza dispone que la implementación operativa se realizará de acuerdo con la reglamentación provincial y a través de convenios de cooperación, coordinación y asistencia que se celebren con las autoridades provinciales competentes, los cuales deberán contar con la autorización del Concejo Deliberante.
“La adhesión representa un compromiso explícito del municipio para poner a disposición todos los recursos y herramientas a su alcance, trabajando codo a codo con el Gobierno de la Provincia como autoridad de aplicación”, destacó el edil del peronismo, Matías Beccaría.
Participación del municipio
En ese contexto, la participación de los municipios se limita a tareas de colaboración territorial, técnica y operativa, mediante la elaboración de informes, el aporte de recursos humanos y logísticos, la ejecución de determinadas medidas y las acciones de recuperación de los espacios intervenidos, siempre dentro de las competencias propias de cada gobierno local y en el marco de los convenios que se suscriban con la Provincia.
La adhesión no implica que el municipio asuma facultades propias de la Provincia, del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, ni lo convierte en autoridad de aplicación de la ley, sino que constituye una manifestación institucional de acompañamiento a los objetivos de la norma y de incorporación a sus mecanismos de cooperación interjurisdiccional.
