Los
diputados nacionales por Córdoba junto a la senadora Alejandra Vigo, cuestionaron al presidente Javier Milei al indicar que pretende que las provincias realicen un
“ajuste” disparatado.
En su discurso, Milei estimó un recorte de gasto de unos US$ 60.000 millones, aunque un día después el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, precisó que según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, debería llegar a US$ 20.000 millones.
“Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB).
Para
poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto
(PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el
gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos
de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor
de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría
una reducción de más de 68% del gasto provincial”, indicaron.
En el comunicado agregaron que en términos prácticos, esta situación significaría que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas.
“Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy. Es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen”, explicaron.
“Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país”, concluyeron.
El documento, además de Vigo, es firmado por los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge.
